La ministra, durante su intevención.

María Márquez. Madrid
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato ha comenzado su ronda de intervenciones en el Congreso, a raíz de la validación del Real Decreto 16/2012, respondiendo a dos preguntas del PSOE sobre el futuro de la asistencia sanitaria a las mujeres (en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo) y la desatención a inmigrantes ilegales. Mato ha vuelto a acusar a los diputados socialistas de “demagogos” recalcando que el RD “no excluye a ningún colectivo”, si bien ha hecho claras distinciones con respecto a la inmigración ilegal.

Las diputas socialistas Carmen Montón (imagen superior) y Susana Sumelzo.

La primera interpelación a Mato la ha realizado la socialista Carmen Montón, interesándose sobre el impacto de los “recortes” del RD 16/2012 en la salud de las mujeres. Para Montón, dicha norma cuenta con una “clara posición ideológica” y trata a las féminas “como menores de edad mentales y legales”, dejando a la interrupción voluntaria del embarazo como “un derecho que se compra”. En esta línea, la diputada ha acusado a comunidades como Aragón de “asfixiar la prestación con deudas que llegan a los 800.000 euros” para los centros concertados encargados de estas intervenciones. En su respuesta, la ministra ha asegurado que las actuaciones del Gobierno “amparan a todos los españoles con independencia de su sexo” y que, tal y como ya ha confirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el PP modificará la Ley del Aborto, prometida en la campaña electoral.

En segundo lugar, Susana Sumelzo ha preguntado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la “exclusión” de colectivos en la cobertura sanitaria y ha criticado a Mato que “pese a las correciones de este martes, la realidad es la misma”. Y si ha comenzado subrayando que el RD 16/2012 “no excluye a ningún colectivo” y que es “una barbaridad y falsedad” que, tal y como le acusa el PSOE, “los inmigrantes vayan a ser desatendisos”, sí ha hecho una clara diferenciación en la asistencia que la norma deparará a inmigración ilegal.